La Revolución Constituyente Atacameña de 1859 fue la última gran rebelión regionalista que vivió nuestro país.
En enero de 1859, una insurrección estalló en distintos focos a lo largo de Chile, los que se levantaron en armas contra del gobierno de Manuel Montt. En un afán claramente revolucionario, los insurgentes pretendían cambiar el ordenamiento político del país, llamando a reformar la constitución.
Copiapó fue la zona que lideró las fuerzas antigobiernistas en la Guerra Civil de 1859. Bajo la dirigencia de Pedro León Gallo, puso en jaque el poderío del Gobierno Central, extendiendo la revolución por Atacama, llegando a capturar La Serena y Coquimbo, transformando la conflagración en una Guerra Civil.
La lucha por el autonomismo regional fue uno de los principales factores que explican el levantamiento atacameño contra el Gobierno central en 1859. La creciente tendencia a la centralización de los decenios pelucones, agudizada durante la administración Montt violentó una tradición política copiapina centrada en las libertades comunales, transformándose en una de las principales causas del levantamiento copiapino en la Guerra Civil de 1859, marcando las características de la insurrección y dándole un marcado tinte revolucionario que pretendía reformar radicalmente la institucionalidad política del país.
No es de extrañar que el estallido revolucionario fuese justificado mediante un análisis que mostraba al Estado como el producto de un ordenamiento constitucional pactado, el cual se podía disolver en caso de que los gobernantes violaran los derechos civiles o políticos de los ciudadanos.
Los insurgentes declararon como su “divisa” el llamado a una “convención constituyente a todo trance”, declarando que “Copiapó, consecuente con sus principios”, debería “permanecer en completa disidencia con el poder que repele esa convocatoria”. En este esquema, los órganos representativos de las localidades eran vistos como los depositarios del poder ante una ruptura del “pacto social”, y por lo tanto, como los actores destinados a liderar el proceso constituyente
¿Cuáles eran, específicamente, las instituciones a las que hacían alusión los revolucionarios? La respuesta apunta a los Municipios.
Así, en 1860 el líder revolucionario Pedro Pablo Zapata, Escribió desde su exilio peruano una crónica en que planteaba descarnadamente el dilema de los atacameños ad portas de la Guerra Civil: “El Golpe de muerte dado por el Gobierno a las municipalidades fue el agente más poderoso que activó la revolución en el país: después de destruido el poder municipal: base del poder constitucional ¿Qué otro recurso quedaba para salvarse de la dictadura que la revolución? abriendo una campaña desventajosa en que se tendría que pelear sin armas en contra de disciplinados batallones del Gobierno: pero cuando hay valor y patriotismo no se calcula, no se cuenta el número ni ventajas del enemigo, se piensa sólo en la patria y se abraza el partido del honor: esto fue lo que hizo Copiapó.”
En menos de cuatro meses, los revolucionarios, liderados por el joven magnate Pedro León Gallo, crearon un ejército que llegó a movilizar más de 1600 efectivos, acuñaron moneda propia, sublevaron las ciudades del Valle de Huasco, derrotaron al ejército santiaguino en la Batalla de los Loros y liberaron La Serena en medio de los jubilosos vítores de un población que se había visto obligada a rendirse en 1851.
Si bien la revolución fue derrotada tras la batalla de Cerro Grande y los cruentos combates de la caída de Copiapó, su memoria se alza como un enorme monumento al regionalismo y a la búsqueda de un ordenamiento constitucional demócratico y respetuoso de la libertades públicas.
El discurso de la revolución, que hacía alusión a la constitución como un “pacto social” entre los “pueblos”, o poderes de las localidades, fue el último grito en Chile de ese espíritu de rebeldía corporativa local que fusionado con el liberalismo caracterizó a las independencias hispanoamericanas.
Por eso, la celebración de los 150 años de la revolución constituyente debe ser recordada como un símbolo de la lucha por las libertades públicas, por un ordenamiento constitucional legítimo y por un marco político-administrativo descentralizado.
En enero de 1859, una insurrección estalló en distintos focos a lo largo de Chile, los que se levantaron en armas contra del gobierno de Manuel Montt. En un afán claramente revolucionario, los insurgentes pretendían cambiar el ordenamiento político del país, llamando a reformar la constitución.
Copiapó fue la zona que lideró las fuerzas antigobiernistas en la Guerra Civil de 1859. Bajo la dirigencia de Pedro León Gallo, puso en jaque el poderío del Gobierno Central, extendiendo la revolución por Atacama, llegando a capturar La Serena y Coquimbo, transformando la conflagración en una Guerra Civil.
La lucha por el autonomismo regional fue uno de los principales factores que explican el levantamiento atacameño contra el Gobierno central en 1859. La creciente tendencia a la centralización de los decenios pelucones, agudizada durante la administración Montt violentó una tradición política copiapina centrada en las libertades comunales, transformándose en una de las principales causas del levantamiento copiapino en la Guerra Civil de 1859, marcando las características de la insurrección y dándole un marcado tinte revolucionario que pretendía reformar radicalmente la institucionalidad política del país.No es de extrañar que el estallido revolucionario fuese justificado mediante un análisis que mostraba al Estado como el producto de un ordenamiento constitucional pactado, el cual se podía disolver en caso de que los gobernantes violaran los derechos civiles o políticos de los ciudadanos.
Los insurgentes declararon como su “divisa” el llamado a una “convención constituyente a todo trance”, declarando que “Copiapó, consecuente con sus principios”, debería “permanecer en completa disidencia con el poder que repele esa convocatoria”. En este esquema, los órganos representativos de las localidades eran vistos como los depositarios del poder ante una ruptura del “pacto social”, y por lo tanto, como los actores destinados a liderar el proceso constituyente
¿Cuáles eran, específicamente, las instituciones a las que hacían alusión los revolucionarios? La respuesta apunta a los Municipios.
Así, en 1860 el líder revolucionario Pedro Pablo Zapata, Escribió desde su exilio peruano una crónica en que planteaba descarnadamente el dilema de los atacameños ad portas de la Guerra Civil: “El Golpe de muerte dado por el Gobierno a las municipalidades fue el agente más poderoso que activó la revolución en el país: después de destruido el poder municipal: base del poder constitucional ¿Qué otro recurso quedaba para salvarse de la dictadura que la revolución? abriendo una campaña desventajosa en que se tendría que pelear sin armas en contra de disciplinados batallones del Gobierno: pero cuando hay valor y patriotismo no se calcula, no se cuenta el número ni ventajas del enemigo, se piensa sólo en la patria y se abraza el partido del honor: esto fue lo que hizo Copiapó.”En menos de cuatro meses, los revolucionarios, liderados por el joven magnate Pedro León Gallo, crearon un ejército que llegó a movilizar más de 1600 efectivos, acuñaron moneda propia, sublevaron las ciudades del Valle de Huasco, derrotaron al ejército santiaguino en la Batalla de los Loros y liberaron La Serena en medio de los jubilosos vítores de un población que se había visto obligada a rendirse en 1851.
Si bien la revolución fue derrotada tras la batalla de Cerro Grande y los cruentos combates de la caída de Copiapó, su memoria se alza como un enorme monumento al regionalismo y a la búsqueda de un ordenamiento constitucional demócratico y respetuoso de la libertades públicas.
El discurso de la revolución, que hacía alusión a la constitución como un “pacto social” entre los “pueblos”, o poderes de las localidades, fue el último grito en Chile de ese espíritu de rebeldía corporativa local que fusionado con el liberalismo caracterizó a las independencias hispanoamericanas.
Por eso, la celebración de los 150 años de la revolución constituyente debe ser recordada como un símbolo de la lucha por las libertades públicas, por un ordenamiento constitucional legítimo y por un marco político-administrativo descentralizado.
Joaquín Rodrigo Fernández Abara, Historiador Universidad Católica de Chile.
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