Juan Miguel Quintana Marcó
Abogado
Cuando falta poco tiempo para el Bicentenario de Chile, y se plantea como uno de los grandes desafíos la idea de llegar a integrar el grupo selecto de países “desarrollados”, cabe reflexionar y revisar su significado en relación a nuestro medio ambiente, participación ciudadana e Institucionalidad Ambiental.No es posible que la agenda ambiental del país se centre en el crecimiento económico, imponiéndose sistemáticamente las prioridades de la inversión y las exportaciones por sobre las condiciones ambientales y de sustentabilidad, especialmente aquellas referidas al patrimonio natural y cultural. Basta detenerse en la situación actual: la economía esta en crisis, seguramente mejorara para volver a caer, en un ciclo constante. Con nuestra tierra, y con Atacama en particular, no podemos permitirnos especular.
Chile está marcado por una política económica-social y estrategia de “desarrollo” que en realidad apunta única y exclusivamente al crecimiento económico, el cual, como ya nos damos cuentas en nuestra Región de Atacama, se torna indeseable para las comunidades que deben cargar con los daños ambientales. Lo importante para la autoridad es aprobar los proyectos al costo que sea, sin ningún tipo de evaluación que integre las variantes social/ambiental/beneficio.
Vamos por el camino equivocado cuando los ministros de economía de los últimos gobiernos dicen que no nos podemos dar el lujo de tener programas ambientales de países con ingreso per cápita de US$30 mil dólares, cuando tenemos uno de 5 mil. Está probado que desarrollarse en forma no sustentable y después recuperar el ambiente, reponerlo, pagarlo o perderlo, es más caro que caminar por lo sustentable, con límites, con regulación. Es más caro para la sociedad, desde el punto de vista del desarrollo, contaminar y limpiar, que hacerlo por un camino más lento.
Territorialmente, se observa que todos los grandes proyectos que impactan y amenazan el Medio Ambiente, la calidad de vida y la salud en nuestra Región de Atacama se proyectan próximos a lugares habitados, por lo que el acceso a la información y la participación de todos nosotros se hace sumamente importante.
Hace bastante tiempo, en Septiembre del año 2005, siendo Abogado del estudio jurídico, “Urquidi, Riesco, y Cía.”, organizamos conjuntamente con mi casa de estudio, la Pontificia Universidad Católica de Chile, un seminario sobre medio ambiente, al cual concurrieron como exponentes los entonces candidatos a la presidencia de la República Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y Tomás Hirsch (Lavín no asistió), junto a organizaciones ambientalistas, todos los cuales, según lo expuesto en dicha oportunidad, coincidían plenamente en lo sustantivo de sus propuestas, en la necesidad de modificar la actual Institucionalidad Ambiental y mejorar la Ley de Bases, diferenciándose en cuestiones colaterales o de forma, pero no de fondo. Por aquella época terminaba el Gobierno de Lagos, quien cabe recordar que en su Programa de Gobierno propuso 14 compromisos ambientales, ninguno de ellos cumplidos…
La necesidad de modificar la Institucionalidad Ambiental chilena constituye una exigencia fundamental, provocada en particular por las graves falencias y lagunas detectadas durante sus años de vigencia, careciendo de real descentralización y funcionando sobre niveles de decisión exclusivamente políticos y no técnicos.
La descentralización de la autoridad ambiental viene dada supuestamente por la existencia de las Comisiones Regionales del Medio Ambiente (COREMAS). Sin embargo estas instituciones no poseen realmente la autonomía necesaria para obrar dentro del ámbito de sus atribuciones, ya que están integradas por el intendente, los gobernadores, los SEREMI, todos funcionarios de confianza presidencial.
Es así como en variadas ocasiones las COREMAS han sido influenciadas y derechamente intervenidas desde el poder central para dar curso a ciertas iniciativas que han sido cuestionadas y objetadas a nivel regional. ¿Les suena conocido?
En este contexto frente a conflictos ambientales, empresarios y ciudadanía, los actores más relevantes, que suelen posicionarse en extremos opuestos, esperan que la autoridad administrativa y política decida el conflicto de forma justa, lo cual no ocurre ya que las decisiones se toman en base a criterios políticos y no técnicos.
La prevalencia de aspectos políticos por sobre los técnicos genera que los conflictos ambientales no se estén abordando de la forma adecuada, la Institucionalidad Chilena no aporta a la justicia ambiental, muy por el contrario la CONAMA y las COREMAS no actúan preventivamente ni fiscalizan los proyectos que dañan el ambiente y perjudican a la comunidad. Buscan más bien una rápida aprobación de proyectos de “inversión”, en lo posible sin participación ni oposición ciudadana, siendo la moneda de cambio para todo esto la ilusión de que se crean “nuevas fuentes de trabajo”, jugando con la buena fe de las personas, toda vez que, muy pocas veces, por no decir nunca, los pocos trabajos que efectivamente se crean son ocupados realmente por vecinos de la Región, si no en su mayoría por ciudadanos de distintos lugares del país, lo que en sí no parece importar a los representantes locales, que cabe añadir también poco tienen que ver con la Región.
Hay una alegría por que la COREMA aprueba proyectos “para el desarrollo regional”, sin que nadie mencione que la COREMA aprueba realmente cualquier cosa que le pongan en frente, con escasos criterios técnicos, y con miras al corto plazo. Al plazo que duran las Autoridades Políticas, sin reparar en el daño permanente que sufrimos todos los Atacameños que por generaciones hemos vivido y seguiremos viviendo en Atacama.
Es fácil percibir una contradicción entre el tratamiento que se da a las inquietudes ciudadanas en materias socio-económicas y los argumentos que los proponentes y la propia autoridad ambiental emplean para evaluar los proyectos.
Mientras por una parte los Estudios o Declaraciones de Impacto Ambiental resaltan, en sus evaluaciones de impactos sociales, los beneficios económicos directos e indirectos de los proyectos (nuevas fuentes de empleo, aumento en el valor de las propiedades, nuevas oportunidades de negocios, etc.) por otra parte, se le cuestiona a la ciudadanía la expresión de observaciones de esta misma naturaleza cuando representan críticas. Esta percepción de doble estándar adquiere especial intensidad para los ciudadanos al constatar éstos que, en último término, la decisión final de aprobación o rechazo de los proyectos es de carácter “político”. Lo anterior queda especialmente claro en el caso de proyectos que han sido rechazados por los Comités Técnicos y que luego son aprobados por las COREMAS, una instancia de decisión política. O proyectos en torno a cuya evaluación existe una fuerte tensión entre las instancias Técnica y Política, a veces más abierta, a veces más veladas, donde las autoridades emplean argumentos que escapan a lo “estrictamente ambiental” en sus resoluciones, aludiendo de manera explícita, por ejemplo, a consideraciones sobre el aporte que los proyectos representan para la economía local o regional.
¿Por qué se cuestiona la validez de observaciones ciudadanas no-ambientales siendo que las propias autoridades les dan un peso fundamental en su decisión?
El efecto es un cuestionamiento a la credibilidad social del SEIA, generándose la imagen de que la participación ciudadana es un mero adorno de decisiones que “ya están tomadas”. Este es el sentimiento que predomina entre los ciudadanos organizados y que quieren hacer valer sus derechos.
El desarrollo sustentable es una alternativa para la construcción de un proyecto diferente de desarrollo económico, político, social, cultural y territorial de un país, en la medida que es la adecuada combinación de un permanente crecimiento económico, con equidad social, protección y manejo adecuado del medio ambiente.
La descentralización, que nace de la reivindicación de lo pequeño, de lo reducido, de lo micro, de lo próximo, sin duda es parte fundamental de un modo de desarrollo sustentable.
La participación ciudadana otorga gran cantidad de garantías al proceso de gestión ambiental, no sólo en el ámbito específico de las materias tratadas, sino que se proyecta como un ejercicio continuo, sano y provechoso de la responsabilidad individual y comunitaria de los problemas cotidianos. La importancia de la participación ciudadana radica en que ella permite fortalecer a la sociedad civil para hacer valer sus deberes y derechos; Incorporar en la toma de decisiones las opiniones de la comunidad de manera que ella pueda contribuir a la prevención y resolución de conflictos ambientales; Canalizar la información proporcionada por la comunidad acerca de las características y valores ambientales, así como los problemas relacionados con una acción humana determinada.
La temática ambiental incorpora, entonces, una nueva relación entre sociedad y naturaleza. Es decir, considera los problemas ambientales no como hechos aislados sino que los inscribe en un sistema mayor que abarca múltiples y complejas interacciones entre el ambiente natural, el ambiente construido y el ambiente social.
Por su parte, el ser humano es indisociable de su entorno, el que comparte con otros seres vivos. La búsqueda de un antropocentrismo equilibrado supone reafirmar la capacidad humana para intervenir racionalmente la naturaleza, puesto que es innegable su dependencia de ella.
La naturaleza es la que sustenta y provee la base de recursos para el desarrollo de la humanidad. Todo deterioro ambiental disminuye la calidad de vida; por ello todos nosotros debemos asumir la responsabilidad que nos corresponde para que aquello no ocurra.
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